Los funcionarios sindicales amenazaron con despojar beneficios de salud a menos que los empleados “autorizaran” años de deducciones ilegales de cuotas sindicales

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San Juan, PR (31 de diciembre de 2020) – Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentaron una moción de injunction preliminar contra funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. La moción surge como parte de un pleito de acción de clase de los empleados contra funcionarios universitarios y sindicales por incautar ilegalmente cuotas de los cheques de nómina de los trabajadores sin autorización.

José Ramos y Orlando Méndez originalmente radicaron su demanda de acción de clase en mayo de 2020 con asistencia legal gratuita de los abogados de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo. La demanda sostiene que los funcionarios sindicales y universitarios están infringiendo sus derechos según reconocidos en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Janus v. AFSCME, ganada por la Fundación en el 2018. En Janus, el Tribunal Superior dictaminó que exigirles a los empleados públicos que paguen cuotas sindicales como condición de empleo viola la Primera Enmienda y sostuvo además que las cuotas sindicales solo se le pueden cobrar a los empleados públicos tras una renuncia afirmativa del derecho a no pagar.

Méndez y Ramos han sido empleados por la Universidad como trabajadores de mantenimiento desde 1997 y 1996, respectivamente. A partir de entonces, de acuerdo con la demanda, los oficiales universitarios y sindicales “han considerado a Ramos y Méndez como miembros del Sindicato” y se han incautado de cuotas de sus cheques de nómina, a pesar de que nunca firmaron un formulario de autorización de afiliación sindical o de deducción de cuotas.

El 29 de diciembre de 2020, la demanda fue enmendada para incluir dos nuevos demandantes y para específicamente retar un intento reciente de los funcionarios sindicales de obligar a los trabajadores universitarios a firmar un documento que autoriza retroactivamente todas las cuotas descontadas previamente y consintiendo a un número sin especificar de deducciones futuras. Según la demanda, los empleados que no cumplieran con las exigencias de los líderes sindicales perderían el acceso al plan de salud proveído por el patrono y administrado por el sindicato.

El 30 de diciembre, los demandantes solicitaron una orden de injunction preliminar para detener los esfuerzos de los líderes sindicales de obligar a los empleados a elegir entre perder su seguro médico y autorizar retroactivamente las deducciones de cuotas sindicales descontadas en violación de sus derechos. El pedido también solicita al Tribunal que detenga y revierta los esfuerzos sindicales para cancelar el seguro médico de los empleados que se negaron a renunciar a sus derechos de la Primera Enmienda.

Cuando el Tribunal considere su demanda de acción de clase, los empleados argumentarán que los oficiales sindicales y universitarios violaron la Primera Enmienda al confiscar las cuotas de los cheques de nómina de los empleados sin autorización escrita y al exigir que los empleados se conviertan en miembros plenos del sindicato en violación de un precedente establecido. La demanda busca además una orden que prohíba la ejecución de los esquemas inconstitucionales, al igual que una orden requiriéndole al sindicato que reembolse a los empleados las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”

“Los líderes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico se han salido con las suyas por años al incautar cuotas de los bolsillos de aquellos a quienes dicen representar sin antes haber obtenido su permiso”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional del Derecho al Trabajo. «Ahora, en lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, están amenazando con quitarle el plan médico a cualquiera que no cumpla con sus exigencias mientras intentan encubrir años de deducciones inconstitucionales de cuotas sindicales».

“Esperamos que el Tribunal actúe rápidamente y otorgue el injunction preliminar para detener las acciones descaradamente inconstitucionales de los líderes sindicales”, agregó Mix.

The National Right to Work Legal Defense Foundation is a nonprofit, charitable organization providing free legal aid to employees whose human or civil rights have been violated by compulsory unionism abuses. The Foundation, which can be contacted toll-free at 1-800-336-3600, assists thousands of employees in more than 250 cases nationwide per year.